domingo, 21 de abril de 2019

ALGO HUELE MUY MAL EN EL PODER JUDICIAL…


Dr. Franco Lotito C. – www.aurigaservicios.cl
Académico, escritor e investigador (PUC-UACh)

 “Sé juez para favorecer a los amigos, perjudicar a los enemigos y, si te sobra algo, haz justicia a los demás”.


La tan manida frase –o manoseada, si usted quiere–: “¡Hay que dejar que las instituciones funcionen!”, es una frase que ha sido repetida en forma permanente  –y ad nauseam– por parte de los distintos gobiernos de turno –presidentes incluidos–, así como también por parte de múltiples integrantes de los partidos políticos ante las diversas crisis de corrupción y abusos de poder que se han desatado en nuestro país. Las preguntas son… ¿y si las instituciones no funcionan? ¿Y si las leyes las dictan y aplican jueces que son corruptos?
La otra frase con la que se inicia este artículo: “Sé juez para favorecer a los amigos, perjudicar a los enemigos y, si te sobre algo, haz justicia a los demás”, es una despreciable e inaceptable frase que ronda en los tribunales de Justicia chilenos, y el día 17 de abril de 2019 quedará marcado para siempre en la historia de la justicia chilena como un día ignominioso, ya que ese día, dicha frase quedó demostrada –y en total evidencia– desde el momento en que el pleno de la Corte Suprema rechazó destituir a tres de sus colegas corruptos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, cuyo prontuario delictual acumula cientos de páginas con todo tipo de delitos. Es más: alrededor de 30 juicios, cuyas sentencias fueron dictadas por estos tres jueces, deberán ser revisadas –y seguramente anuladas– porque las evidencias indican que las sentencias no se ajustaron a derecho. En cualquier otra área productiva o de servicios de nuestro país, estos tres delincuentes habrían sido despedidos, echados, desvinculados, alejados de la organización con una patada en el traste, pero no en el Poder Judicial, donde las redes de protección y de blindaje son más poderosas que el duro acero de un tanque alemán.
¿Necesita el lector más pruebas de lo mal que huele el poder judicial? El fiscal adjunto, Sergio Moya, quien estaba investigando a los tres jueces corruptos de la corte de Rancagua, acusó públicamente el día viernes 19 de abril nada menos que a su jefe y superior jerárquico, el fiscal Emiliano Arias, quién es la mano derecha del fiscal Nacional Jorge Abbott de –y cito textual– “tráfico de influencia, obstrucción a la justicia y ocultar información” en favor de los tres jueces de Rancagua, así como también en favor de Herman Chadwick Larraín (familiar cercano del ministro del interior, Andrés Chadwick y del presidente Sebastián Piñera) en la causa CAVAL, y del alcalde Eduardo Soto de Rancagua por una estafa de más de 3.500 millones de pesos. Sí leyó bien: tres mil quinientos millones de pesos.
Hace tan sólo algunos días atrás, Televisión Nacional emitió el programa Informe Especial –a cargo del periodista investigativo Santiago Pavlovic– con un título muy sugerente: “Justicia, los hermanos corruptos”, un informe que dejó estupefacto a medio Chile –la otra mitad parece que ya lo sabía–, al dejar al descubierto una suerte de “corrupción a granel” en el poder judicial, algunos de cuyos miembros, en lugar de hacer justicia, lo que hacían era “impartir injusticia”: enriquecimiento ilícito y acuerdos ilegales con criminales y mafiosos; recepción de pagos (en realidad coimas) por parte de delincuentes y narcotraficantes para liberar y absolver a diversos miembros de sus bandas que estaban presos; tráfico de influencia para “favorecer a amigos” y colegas (más aún, si son de la logia masónica); abuso de poder y nepotismo a destajo para favorecer a familiares cercanos para ocupar Notarías y puestos de privilegio; dictar resoluciones injustas y contrarias a la ley en favor de sacerdotes abusadores y encubridores; tráfico de estupefacientes y medicamentos, y… para qué seguir.
Repasemos ahora –sólo para  recordar– algunos pocos ejemplos de los innumerables abusos y actos de corrupción que nunca han recibido castigo en los tribunales de “justicia”: SENAME y los 1.313 menores muertos en extrañas circunstancias; múltiples colusiones entre empresarios: concertación de precios para pañales, papel higiénico, medicamentos, carne de pollo, carne de cerdo; colusiones entre supermercados, bancos, empresas de telecomunicaciones, Isapres, AFPs, etc.; colusiones entre empresas y políticos: casos Penta, SQM, Caval, etc., para financiar de manera ilegal a decenas de políticos de todos los sectores y colores; colusiones entre empresarios, parlamentarios y ex ministros (el ex senador y ministro Pablo Longueira y la Ley de pesca, Guido Girardi y las facturas falsas de Publicam, el senador Juan Pablo Letelier y la recepción de coimas millonarias por parte de Escuela de Conductores Siglo XXI, etc.); “asaltos” y “atracos” al Fisco y a los fondos de Codelco –que, supuestamente, son de todos los chilenos– por parte de altos oficiales de Carabineros y fuerzas armadas –Directores y Comandantes en Jefe incluidos– por sumas estratosféricas; sospechas fundadas que Jorge Abbott –actual Fiscal Nacional– se reunió en secreto con diversos políticos que estaban siendo investigados por financiamiento político de sus campañas con “platas negras”, para decirles que si votaban por él, las investigaciones serían frenadas (tal como efectivamente sucedió, luego de ser nombrado); el senador Juan Pablo Letelier –como un vulgar “patrón de fundo”– se reunió con el Fiscal Nacional Jorge Abbott para pedirle que intercediera, “limara asperezas” y/o frenara las investigaciones que se estaban realizando en contra de varios jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua; tenemos a un SII que nunca se querelló contra una serie de delincuentes de “cuello y corbata” (ejecutivos de Penta, SQM, Ripley, Johnson, etc.), y que, además, realizó arbitrarios “perdonazos” por millones de dólares a grandes empresas (emblemático es el perdonazo a  la empresa Johnson por más de 60 mil millones de pesos); tenemos un Parlamento que se auto asigna dietas millonarias y que pacta entre sus miembros suculentas “asignaciones” de todo tipo, etc.
Entonces… ¿qué hacemos, cuando las “instituciones” no funcionan? La razón de reiterar la pregunta es muy sencilla: ninguno de los muchos personajes involucrados en claros actos de corrupción –Pablo Longueira, Guido Girardi, Iván Moreira, Carlos Ominami, Marco Enríquez-Ominami, Ena von Baer, Jorge Pizarro, Roberto León, Jovino Novoa, Sebastián Dávalos, Fulvio Rossi, Javiera Blanco, etc.– , así como diversos altos ejecutivos de empresas, jamás han sido condenados por sus delitos y fechorías y menos aún, han recibido penas de cárcel. A lo más –y como gran “castigo”– algunos de ellos reciben “clases de ética” para que “se reformen y no sigan robando tanto”.
Para más desgracia para este país, el nuevo Secretario General del Senado, el ex fiscal Raúl Guzmán, les aseguró en abril de 2019 a los senadores que lo eligieron para el puesto, que él se convertirá hasta el año 2022 en el “fiero escudo protector de los senadores” y de sus intereses corporativos, con lo cual, se pierde la última esperanza que parlamentarios corruptos lleguen alguna vez a ser juzgados y condenados por sus delitos, ya que las enormes redes de contacto que tiene el ex fiscal Raúl Guzmán –y ahora Secretario General– con decenas de jueces, ex colegas, logia masónica, policías, etc., hará prácticamente imposible “tocar” a un (des)honorable senador. Más aún, si por su labor de “escudo protector” el Sr. Guzmán recibirá la no despreciable cifra mensual de alrededor de $14.000.000, más asignaciones, celulares, computadores, secretarias, auto y casa fiscal.
La ciudadanía, una y otra vez, ha constatado a lo largo de las últimas décadas –con gran desencanto, impotencia y frustración–, la total impunidad con la cual parlamentarios, políticos, grandes empresarios y jueces de La República realizan gravísimos delitos y actos de corrupción, pero que no son penados como tales por las leyes actuales –¡que administran ellos mismos!–, lo cual, ha conducido a alimentar en la gente una desconfianza total en las “instituciones” –¡que no funcionan para todos igual!–, lo que se ha traducido en simple incredulidad acerca de la supuesta “transparencia” con la cual actúan el SII, el Parlamento, jueces de La República y gobiernos de turno, refrendado por el descrédito en el que han caído las autoridades, la clase política y la justicia.
La única enseñanza que se puede sacar de todo este desaguisado, es que la justicia chilena es dócil, benigna y aquiescente con los delitos de “cuello y corbata”, pero dura, implacable y feroz con el delito común, aún cuando éste sea un simple delito cometido para poder subsistir, tal como muy bien lo señala el periodista Francisco Herreros.
Finalicemos, recordando una antigua frase latina que viene de la Roma antigua y que se mantiene completamente vigente aún hoy: ¿Quis custodiet ipsos custodes?, es decir, ¿Quién vigilará a los vigilantes?

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