lunes, 6 de marzo de 2017

Corte de Valdivia ordena a empresa pagar indemnización por tala ilegal de bosque nativo y reforestar sector en Puyehue

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el fallo dictado por el Juzgado de Policía Local de Río Bueno, que condenó a la empresa Intercorp Limitada, a pagar al Estado de Chile una indemnización por 91.734.900 pesos por infracción a la ley de bosque nativo.


En fallo unánime (causa rol 395-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Mario Julio Kompatzki, Darío Carretta y el abogado (i) Patricio Miranda– confirmó la resolución recurrida, que acogió la denuncia realizada por Corporación Nacional Forestal, Conaf, tras constatar que la empresa cortó 11,9 hectáreas de bosque nativo y 0.3 de plantaciones exóticas, sin contar con un plan de manejo autorizado por la entidad estatal.

El recurso de apelación, que buscaba dejar sin efecto lo resuelto por el juez de primera instancia fue rechazado al estimar el tribunal de alzada que “la ponderación efectuada por el sentenciador del grado no contradice las reglas de la sana crítica, desde que su razonamiento se sustenta en un conjunto de prueba complementaria, además de la declaración de los testigos de la denunciante -ministros de fe- y que se expresa en detalle en los considerandos décimo quinto a décimo séptimo de la sentencia recurrida, analizando toda la prueba rendida en autos y justificando con rigor intelectual los fundamentos en que se apoya para tener por probados determinados hechos, motivo por el cual se rechaza este ítem de apelación”.

La resolución agrega que “(…) teniendo presente que el régimen de preservación del bosque nativo constituye el desarrollo del deber constitucional del Estado de preservar la naturaleza, y conteniendo el artículo 51 de la Ley N° 20.283 una sanción que busca desincentivar el corte ilegal de árboles, ha de interpretarse la expresión “valor comercial” referida al valor de transacción de los productos. Concurre a favor de esta conclusión que el Tribunal Constitucional ha sostenido que la multa fijada en el artículo 51 de la Ley N° 20.283 resulta idónea, necesaria y proporcional para proteger el bosque nativo, en tanto se calcula bajo un parámetro de estimación asociado al valor comercial de los productos, y cuyo objetivo es desincentivar el corte ilegal de árboles haciendo más costosas las sanciones que el efecto de la actividad ilícita (Rol 2884-15-INA, 26 de julio de 2016)”.

El fallo de primera instancia ordenó, además, a la empresa infractora reforestar una superficie -a lo menos- similar a la cortada.

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