jueves, 3 de noviembre de 2016

Senador De Urresti hace llamado a la responsabilidad política frente a la necesidad del reajuste para el sector público

Luego de que la Comisión Mixta no lograra un acuerdo respecto de la idea de mantener el 3,2% de reajuste para el sector público planteado por el gobierno, el proyecto de reajuste para el sector público fue rechazado, aunque la entrega de aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, bonos de invierno y escolaridad y autorizaciones para la creación o modificaciones de plantas de algunos servicios, ya fue resuelto favorablemente.


De este modo, al Ejecutivo solo le queda el mecanismo de insistencia, el envío de un veto presidencial o de un nuevo proyecto para poder dar una solución a esta materia, el que debiera producirse en los próximos días.

El senador Alfonso De Urresti explicó que “se rechazó la propuesta del Gobierno a pesar de que ella establecía el porcentaje de reajuste, un aumento en la cobertura de los bonos por término de conflicto bastante importante y se bajaba el piso de congelamiento de las remuneraciones”.

El congresista puntualizó que con este rechazo no hay informe de la Comisión Mixta, por lo tanto, la Cámara y el Senado quedan sin proyecto que votar, lo que genera que en este momento no hay reajuste. “Las alternativas ahora son que el Ejecutivo insista en la propuesta que aprobó el Senado o aplique un veto aditivo que tendrá que resolverlo la Presidenta de la República, o con una propuesta distinta que sea resuelta en el Congreso”, expresó De Urresti

“Creo que lo que corresponde ahora es hacer un fuerte llamado al Ministerio de Hacienda para que haga el máximo de los esfuerzos, pero junto con ello los congresistas debemos comprender que no podemos darnos gustos políticos que al final del día ponen en riesgo la posibilidad de concretar el necesario reajuste del sector público”, expresó el senador por la región de Los Ríos.

De Urresti expresó que aquí no hay nadie que esté en contra de las legítimas aspiraciones de los empleados fiscales. “Debemos establecer criterios de reajustabilidad y de establecimiento de políticas públicas que consagren el legítimo derecho de los funcionarios públicos a una negociación colectiva que coloque en igualdad de condiciones a los trabajadores y la Administración del Estado, como ocurre en otros países”, mencionó el senador.

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