domingo, 1 de mayo de 2016

EL MANUAL DEL PERFECTO COIMERO CHILENSIS


Dr. Franco Lotito C. - www.aurigaservicios.cl
Docente e Investigador (UACh)

“El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente” (Lord Acton)
“El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan” (Pablo Neruda)


Usted, estimado lector(a), ¿ha sabido, escuchado o leído alguna vez acerca de la existencia de algún coimero del tipo "chilensis"? Bueno, en realidad, así como existe un "Manual del perfecto idiota latinoamericano", una obra escrita en forma conjunta por Álvaro Vargas Llosa, Plinio Mendoza y Carlos Montaner, también existe un "Manual del perfecto coimero chilensis", manual que ha sido estudiado profunda y profusamente por todos aquellos que se dedican a practicar este “arte” en Chile con cierta fruición, impunidad y regularidad.
Por lo tanto, la pregunta planteada al inicio de este escrito es sólo de tipo retórico y contiene una pizca de ironía, por cuanto, dicha pregunta tiene una sola respuesta, y no es otra, que un rotundo ¡SÍ! La razón es muy simple: hoy en día, estamos rodeados por un numeroso contingente de sujetos coimeros que hacen de las suyas a nivel nacional, y a todos nosotros nos ha tocado conocer casos donde la coima y el coimero están presentes.
Estos sujetos se ubican, generalmente, en las "altas esferas" –otro concepto con un leve toque irónico–, ya que en este caso, nos estamos refiriendo a individuos que pertenecen a la muy desprestigiada clase política, así como a  autoridades de gobierno y a grandes empresarios, quienes, como nunca antes en la historia de nuestro país, han hecho correr –y siguen haciéndolo de una manera muy diligente y hacendosa– enormes cantidades de dinero ilícito de unas manos a otras, a cambio de:
(a) Favores y garantías “especiales”, (b) acceder a grandes privilegios y concesiones, (c) practicar el tráfico de influencias, (e) recibir información privilegiada para concretar negocios multimillonarios (el caso de Andrónico Luksic y el caso Caval del hijo y la nuera de la presidenta Bachelet son de antología), (f) obtener puestos de trabajo altamente lucrativos y muy bien remunerados en empresas del Estado, reparticiones del Esato y en embajadas, (g) obtener autorización y visto bueno del Estado para llevar a cabo proyectos contaminantes y dañinos para la salud y el medio ambiente, (h) acordar jugosos contratos con el Estado que terminan malogrados y con la pérdida de cientos de millones de dólares de todos los chilenos (tal como sucedió con el puente Cau Cau –¡construido al revés!– en la ciudad de Valdivia, así como con un número indeterminado de hospitales públicos que quedan sin terminar a lo largo de todo Chile porque las “empresas” contratadas se declaran en quiebra, pero… sólo después de embolsar miles de millones), (i) recibir aportes multimillonarios para financiar campañas presidenciales, de parlamentarios y de partidos políticos (Penta, Soquimich, Corpesca, Banco de Chile, la Papelera, etc., (j) lograr la condonación de multas por sumas millonarias impuestas por el Servicio de Impuestos Internos (caso “perdonazo” a tiendas Johnson’s), etc., todo ello a costa del interés y el bienestar –¿cómo podría ser de otra forma?– de toda una población impotente, enrabiada y abrumada ante tanta desvergüenza, hipocresía y soberbia.
Para qué decir que nunca, pero nunca, se encuentra a los culpables y/o a todos aquellos sujetos que se embolsaron cifras suculentas y astronómicas de dinero público (Caso colusión de los pollos, farmacias, papeleras, grandes tiendas, Codelco, etc., etc.). Ante tanta impunidad y circunstancias extrañas, ¿no huele usted como a algo podrido?
No cabe duda alguna que las palabras "coima" y "coimero" suenan muy feas, y nuestra clase política arruga la nariz y rasga vestiduras como si percibiera una oleada de olor nauseabundo en su alrededor. Por cierto que las dos palabras suenan horribles, si aquel que las pronuncia lo hace sin contextualizarlas o, peor aún,  si es que lo hace sin “adornarlas" un poco para quitarles el hedor que las acompaña.
Es precisamente por eso, que en Chile –y también en Latinoamérica– existen varias expresiones para referirse a ellas, sin tener que, necesariamente, herir los sentimientos ni la delicada piel de los coimeros chilensis, y es por ello, que el periodista Gazi Jalil Figueroa tuvo la preocupación y el cuidado de seleccionarlas y reunirlas en un sólo lugar.
Pero antes de iniciar el recuento de estas interesantes expresiones, señalemos, que de acuerdo con el diccionario de la Real  Academia Española, una "coima" corresponde a una "dádiva con la que se soborna" a determinadas personas, en tanto que un "coimero" es aquél sujeto "que da o recibe coimas".
Si enfocamos ahora a la corrupción como el corpus delicti de moda, y analizamos  un par de definiciones de corrupción administrativa, advertiremos que la Comisión Nacional de Ética Pública de Chile ha definido a la corrupción de la siguiente forma: "Hay corrupción cuando un agente público en el ejercicio de las funciones que le atribuye la legislación vigente, y a través de las mismas, consigue un beneficio privado, que puede ser monetario o de otra naturaleza”. Definición tremendamente elegante y que parece casi un premio especial al político o funcionario público que la pone en práctica.
Si ahora tomamos la definición de Transparency International, notaremos que esta organización define a la corrupción de la siguiente manera: "Se designa como corrupción al fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal".   En esta definición se pierde un poco la calidad de “premio” al buen desempeño, y aquél que la practica recibe, por lo menos un pequeño coscacho, pero sigue siendo una definición muy elegante y nada de “nauseabunda”.
Dicho esto, revisemos entonces, la rica recopilación de conceptos realizada por el periodista Jalil. Entre otros conceptos, aparte de “soborno” y “coima”, el Sr. Jalil señala las siguientes expresiones, algunas de las cuales han sido levemente modificadas por el autor de esta nota: “llegar a un arreglín”, “hacer un enjuague”, “sacar una tajada”, “practicar el cohecho”, “recibir un incentivo adicional”, “ponerse con algo”, “aceitar el engranaje”, “dar la mordida”, “hacerse un billetín extra”, “la untada”, “recibir una propina extra”, “sacar el premio gordo”.
Agreguemos de nuestra parte las siguientes: “el raspado de la olla”, “trueque pitutero”, “operador político”, “arreglarse los bigotes”, “garitero”, “matutero”, “mojarse las manos”, “armar una componenda”, “practicar el quid pro quo a destajo”, “coludirse de forma perversa”, “hacer y/o recibir aportes reservados de campaña” y, finalmente, una expresión poco conocida y que es más bien de carácter técnica: exacción ilegal, en el sentido de realizar un cobro injusto y violento. Pero sólo injusto y violento para quienes sufren el cobro y el costo que de ello se produce: la ciudadanía en general, y la gente pobre en particular, la que mira estupefacta cómo los “poderosos” se burlan de ella, una y otra vez.
En un artículo escrito conjuntamente con el profesor Horacio Sanhueza B. de la Universidad Austral de Chile y publicado en el año 2011 por la Revista Trend Management, consignamos en dicho artículo que  existía “corrupción cuando un agente (un funcionario de gobierno, un alcalde, un diputado, un senador, un presidente, etc.) al que se ha otorgado capacidad de decisión, utiliza ésta en perjuicio de su principal (el pueblo de una nación), beneficiando a un tercero –el corruptor– con el que su actividad le lleva a relacionarse, motivado porque el tercero beneficiado le ofrece algún tipo de recompensa (en dinero, negocios, privilegios, cuotas de poder, status, etc.”.
Pregunta inocente… ¿existirá alguna semejanza entre el párrafo anterior y la realidad chilensis? (Esta es, por cierto, otra pregunta retórica y no tiene nada de inocente).
Basta revisar lo sucedido en los últimos dos o tres años de la historia chilena para que aparezcan nombres insignes y pertenecientes a las encumbradas y “altas esferas” de nuestra nación: Jaime Orpis, Pablo Longueira, Guido Girardi, Iván Moreira, Carlos Ominami, Marco Enríquez-Ominami, Ena von Baer, Jorge Pizarro e hijos, Roberto León e hijo, Jovino Novoa, Sebastián Dávalos y señora, Rodrigo Peñailillo, Fulvio Rossi, Ernesto Silva, Cristian Riquelme y un largo etcétera de más menos 60 páginas imposible de consignar en estas líneas.
Es así, por ejemplo, que en la última elección presidencial y parlamentaria, los aportes reservados a los diversos candidatos se elevaron, nada menos que a más de 22 mil millones de pesos, y si examinamos con algo de atención los aportes reservados “oficiales” que han recibido algunos senadores y diputados, muy pronto advertiremos que de allí emana un olor nauseabundo que da mucho que pensar: Guido Girardi, por ejemplo, recibió 504 millones de pesos en “aportes reservados”, Ena von Baer se embolsó 303 millones, Ernesto Silva obtuvo 268 millones, Iván Moreira percibió 218 millones, Juan Antonio Coloma 169 millones, Jorge Pizarro recibió 110 millones y así, sucesivamente, en un cuento de nunca acabar. (Hasta el precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami recibió alrededor de 700 millones de pesos que no sabe cómo explicar y que lo achaca a una pequeña “desprolijidad”). Cuando les pregunté a mis estudiantes de post grado si ellos creían que estos “aportes” eran gratis y desinteresados, el estallido de risas y bromas jocosas no se hizo esperar, haciendo innecesario el acto de explorar y discutir la “respuesta” recibida por parte de mis estudiantes.
Nadie cree que sean las “hermosas estampas” y las “apolíneas figuras” de estos próceres de la patria, las que llevan a que las personas y empresas hayan entregado miles y miles de millones de pesos a estos políticos, a cambio… de nada. Hasta el propio senador Alejandro Navarro, él mismo un sujeto poco transparente y muy cuestionado en la política, en un momento de indignación, molestia y arrebato por el trato poco deferente recibido por sus pares “honorables”, acusó a voz de cuello a sus colegas de recibir “platas sucias”, y que aquellos –cito sus palabras en forma textual– “parlamentarios que recibieron donaciones secretas deben sincerar si las pesqueras financiaron sus campañas”. Lo anterior, a raíz de que siete familias chilenas se hicieron con todos los derechos de pesca a nivel nacional y de por vida, a través de la nueva Ley de Pesca promulgada y aprobada por los mismos senadores y diputados cuestionados.
Si usamos algunas de las expresiones señaladas previamente, en los casos Corpesa, SQM, Penta, MilicoGate, Caval, KDM –y muchos, muchos otros más– deberíamos hablar de que “alguien fue aceitado” y “obtuvo un raspado de la olla”; en alguna etapa del proyecto de ley en trámite se produjo “un arreglín” entre las partes y se le hizo un pequeño “ajuste” al proyecto final para facilitar la repartija; el “quid pro quo” (algo a cambio de algo) funcionó a la perfección y varios coimeros se hicieron de “un billetín extra”; los “fondos reservados” y la “colusión perversa” dieron el “premio gordo” a varios de los involucrados y todos “sacaron su tajada”, y así ad nauseam.
En fin. Señalemos finalmente, que el “Manual del perfecto coimero chilensis” que circula en manos de muchos representantes de la política y de la economía de nuestro país tiene “valores” y “tarifas” que están preestablecidas para todo tipo de “intercambio”, si bien, estas tarifas también se pueden negociar directamente entre las partes interesadas, con opción a descuentos: (a) tarifas para aprobar leyes en favor de determinadas empresas, familias o personas, (b) tarifas para favorecer a ciertas empresas –en desmedro de otras– en alguna licitación del Estado o en alguna alcaldía, (c) tarifas para ser parte del selecto grupo de proveedores de algún hospital público, (d) tarifas especiales para que los narcotraficantes puedan seguir traficando y haciendo buenos negocios sin que nadie los moleste, (e) tarifas para que algunos malos fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos den por aprobado un balance maquillado o para que los dueños y ejecutivos obtengan datos de cómo incrementar de manera extraordinaria –y millonaria– su devolución de impuestos o arreglar el FUT de su empresa, (f) tarifas para obtener por parte del Estado la condonación de multas por millones de dólares impuestas a ciertas empresas de conocidas figuras del quehacer nacional, (g) tarifas para que un actuario, funcionario o fiscal pierda o extravíe el expediente de una causa, (h) tarifas para conseguir fotocopias de un sumario secreto y… para qué seguir.
Ser coimero, hoy en Chile, es un muy buen negocio y es altamente rentable: hay tarifas para todos los gustos y para todos los bolsillos. De modo que sólo me resta terminar este artículo haciendo una última pregunta: ¿Quis custodiet ipsos custodes?, es decir, ¿quién vigila a los vigilantes?

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