lunes, 2 de noviembre de 2015

Municipio de Río Bueno Uno de Los Cuestionados Por Pagos Irregulares a Funcionarios


(Fuente el mostrador)
La larga telenovela con los municipios tiene sus inicios en un antiguo decreto (3.501) dictado en 1980, que fijó un nuevo sistema de cotizaciones previsionales, relacionado con la entrada en vigencia del nuevo sistema de pensiones que dio vida a las AFP, y que tuvo como consecuencia que, a partir de su entrada en vigencia el 1 de marzo de 1981, los trabajadores verían disminuida su remuneración líquida, ya que al pasar del antiguo sistema de reparto al de capitalización individual, las cotizaciones previsionales pasarían a ser cargo de ellos mismos.

De acuerdo a lo que explica Mendoza, “esto es un aprovechamiento ilícito. Lo más complejo es que algunos alcaldes motu proprio aplicaron retroactivamente el monto que ellos consideraban que se debían ellos mismos. Hay varios que están en juicio de cuentas. Hubo un alcalde que se llevó como 28 o 30 millones de pesos para la casa. Algunos se aplicaban la regla de retroactividad de las asignaciones que no habían cobrado, entonces se aplicaban 6 meses. Otros se aplicaron un año o dos años para atrás. Esta cuestión fue bien maquiavélica al tratar de compensarse o de sacar recursos de remuneraciones de manera impropia. Fue bien impresentable”.
En vista de esto, el decreto dispuso que se debía incrementar la remuneración de los trabajadores, para que no se viera afectado el monto total líquido de lo percibido. La fecha límite para este cálculo sería el 28 de febrero de ese año. Es así como históricamente la Contraloría dispuso que no se podía calcular en las remuneraciones este incremento previsional después de esa fecha. Pero en 2008, y luego de un dictamen que respondía a la consulta de un funcionario de un servicio de Salud, varios municipios “reinterpretaron” el decreto, lo que generó millonarios pagos que –según la entidad entonces liderada por Ramiro Mendoza– eran ilegales.

Un año después, Contraloría emitió un nuevo dictamen aclarando la situación e insistiendo en que esta nueva interpretación no era válida, al tiempo que señaló cómo proceder en el caso de que el pago se hubiera realizado erróneamente, dando orden de que las autoridades comunales debían ajustar el cálculo del incremento y devolver las sumas mal pagadas. En octubre de 2010 y luego de haber solicitado a todas las municipalidades del país que informaran sobre pagos efectuados de esta forma, se ordenó mediante distintos oficios a 286 municipios –de los 345 que suman a nivel nacional– devolver más de 14 mil millones de pesos ($14.007.831.583) que habían beneficiado a funcionarios menores y medios, así como a alcaldes y abogados asesores.

Luego de esto, 106 municipios solicitaron la condonación de los dineros mal percibidos, o facilidades para su reintegro, lo que fue analizado caso a caso. Paralelamente hubo cerca de 100 municipios que, solo entre noviembre de 2010 y agosto de 2014, realizaron presentaciones para evitar restituir estos dineros, argumentando, por ejemplo, la existencia de sentencias que resolvieron recursos de protección sobre la materia o el error común en que habría incurrido la generalidad de los órganos comunales.

En los casos que hubo un fallo judicial favorable a los municipios, la Contraloría acogió la petición, pero no en los otros.

En medio de la controversia, la Contraloría inició diversos juicios de cuentas. Actualmente –y según información entregada por la entidad– hay 58 municipios que enfrentan este tipo de juicios, cinco de los cuales se encuentran terminados y 53 pendientes. En total, los montos ascienden a 106.537 UTM, equivalentes hoy a 4.746 millones de pesos. La municipalidad que más debe recursos es por lejos Puerto Montt ($ 628 millones), seguida por Calama ($ 355 millones), Río Bueno ($ 217 millones) y Tocopilla ($197 millones).

Lamentablemente el congreso esta buscando  perdonar los pagos irregulares que protagonizaron estos municipios con dinero de todos los chilenos es decir una vez más salidas a la chilena cuando lo que corresponde es que devuelvan la plata y un juicio a quienes se aprovecharon del sistema

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