viernes, 30 de octubre de 2015

Intendente de Los Ríos vulneró Ley de Medio Ambiente

(Fuente El Ciudadano)
Egon Montecinos (PS) hizo caso omiso de un reglamento de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, cuya acción resultó en una votación que transgredió la normativa y que favoreció a un controvertido proyecto forestal de Louisiana Pacific, quienes pretenden extraer importantes recursos naturales usados ancestralmente por varias comunidades mapuches que viven en la zona.



La Región de Los Ríos una vez más está en el ojo público, pero en esta oportunidad no es por el fallido puente Cau Cau, la erupción del Caulle, la desaparición de una persona o la masiva muerte de cisnes por la contaminación de la celulosa de Angelini; en esta ocasión fuimos testigos de cómo el intendente regional, Egon Montecinos, vulneró un reglamento de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, cuya acción resultó en una votación viciada que favoreció a un controvertido proyecto forestal que pretende extraer importantes recursos naturales usados ancestralmente por varias comunidades mapuches que viven en la zona.

El 13 de octubre pasado en  la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Evaluación Ambiental, que es presidida por la máxima autoridad regional e integrada por el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) más los ocho SEREMIs, cuya reunión fue realizada en la Gobernación Provincial de Valdivia. En aquella instancia decidirían si aprobaban o rechazaban el proyecto presentado por la empresa forestal Louisiana Pacific Chile a la institucionalidad ambiental de la Región. El resultado fue sorprendente.

Pese a que el SEA recomendaba rechazar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la compañía, por presentar errores, omisiones y causar efectos negativos a las poblaciones cercanas y al valor ambiental, la máxima autoridad regional llamó a votar a mano alzada a los otros 10 integrantes de la Comisión (sólo el SEREMI de Desarrollo Social no asistió), cuyo resultado arrojó 8 votos a favor y 3 en contra por lo que el proyecto obtuvo luz verde para operar. El intendente, el SEREMI de Salud y el Director Regional del SEA rechazaron la propuesta de la empresa. Sin embargo, y aquí una de las vulneraciones a la Ley 19.300, los integrantes no fundamentaron su decisión al emitir su voto, cuya acción transgrede los artículos N° 9 y N° 17 del Reglamento de Sala de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos. El apartado N°9 titulado “deberes de los miembros de la comisión” claramente en su letra C indica: “Fundar adecuadamente su voto, haciendo presente todas las consideraciones técnicas y jurídicas pertinentes”. Esto no se cumplió y es grave, porque a Montecinos le corresponde “cuidar la observancia” del mencionado estatuto en su calidad de presidente de la Comisión, según consigna el Artículo N°4 del Reglamento.

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Y esta comedia de fallas no para aquí. Para viciar más la objetividad y la certeza jurídica del procedimiento la votación no ocurrió en el orden establecido en el artículo N°17, ya que los votos se emitieron a través del método de mano alzada, es decir, todos miembros votaron al mismo tiempo. No obstante la normativa no admite tal procedimiento porque claramente señala que “el primer voto será el del/la Director/a Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, y el último será el del/la Presidente/a de la Comisión. Los demás miembros de la Comisión votarán en el orden establecido en el artículo 86 de la Ley N° 19.300“, cuyo texto indica: “Los proyectos serán calificados por una comisión (…) integrada por los Secretarios Ministeriales del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y de Planificación, y el Director Regional del Servicio (…)”. Nuevamente este mandado no se cumplió de la forma que dicta la ley.

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Los hechos ocurridos en la reunión de la Comisión resultan aberrantes, porque reafirman la idea de que en la institucionalidad ambiental de nuestro país priman los criterios políticos por sobre los técnicos, ya que la recomendación del SEA planteaba el rechazo de la iniciativa lo que fue ignorado por las autoridades. Además, no se consideró el constante reclamo de las comunidades indígenas de la zona, quienes han denunciado a Lousiana Pacific por descargar desechos industriales sin tratamiento depositados en pozos de lastre cercanos a las comunidades, cursos de agua y humedales en la localidad de Malalhue, comuna de Lanco, Provincia de Valdivia.

El proyecto se trata de una modificación de la iniciativa “Reconstrucción y modificación Planta de Tableros Panguipulli” que fue aprobada por la entonces llamada Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Los Lagos en 1999. En la modificación que se votó el 13 de octubre, la compañía consiguió ampliar la producción de tableros OSB de 130.000 metros cúbicos anuales a 290.000 metros cúbicos por año durante una vida útil de 30 años. Esta actividad forestal impactará de forma relevante en la cultura mapuche, pues dentro de los efectos adversos se encuentra la intervención de un sitio sagrado y el impedimento de usar recursos naturales que por derecho ancestral le pertenecen a las comunidades mapuche Huillo Mallín, Malalhue Huane, Quemchue y Manuel Trui trui y que los utilizan con fines espirituales, medicinales y culturales. Se trata de un Menoko, en castellano humedal y “ojo de agua” en la lengua originaria, en donde se extraen plantas que sólo crecen allí y que se han recolectado hace siglos por este pueblo. El problema es que ya el sitio sagrado es impactado por los desechos de la fábrica, cuyos efluentes aumentarán a más del doble lo que amenaza la existencia de ese símbolo cultural.

Ahora, habrá que esperar que las autoridades competentes se pronuncien frente a los hechos irregulares que ocurrieron en la Sesión de la Comisión y que las organizaciones sociales pidan cuentas a la institucionalidad ambiental para que al menos se exija la repetición de la votación de este controvertido proyecto, ya que este es un ejemplo más de que el diseño de la institucionalidad ambiental actualmente impide desarrollar una política ambiental adecuada y justa porque, insistimos, priman los criterios políticos por sobre los técnicos, hay abandono de los deberes y con ello no se respeta la ley. En suma,

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